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Un país donde primero sea la gente. En arroz y habichuela, un país posible.

Marcha Puerto Rico Grita

Marcha Puerto Rico Grita

Mucho se ha escuchado decir la frase “primero la gente”. Frase que se puede interpretar de muchas formas máxime si se contrasta con las visiones conservadoras de pasadas administraciones donde los intereses de las clases pudientes claramente estaban por encima del bien común.

Sin embargo, hay que reconocer que desde hace mucho tiempo un grupo creciente de puertorriqueños fuera de las tribus político-partidistas venimos reclamando que debe haber un gobierno donde realmente la prioridad sea la gente. Pero esa prioridad no debe ser solo un estribillo político o una frase desde un micrófono a una masa delirante. La gente como prioridad debe ser instrumentada más allá de la democracia representativa que nos rige actualmente. ¿Acaso debemos dudar de que este sistema de gobierno no representa los mejores intereses del pueblo? Es imperativo que debamos pasar de este sistema representativo a uno democráticamente participativo.

Para lograr ese objetivo, se debe fomentar la educación, el apoderamiento y la autogestión de la gente. Uno de los intentos más significativos en Puerto Rico para promover esa participación y autogestión ciudadana fue el Programa de Comunidades Especiales.

La Oficina de Comunidades Especiales (OCE) nace al aprobarse la Ley Número 1 del 2001. Tuvo como objetivo establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico el promover “la creación de condiciones que permitan resolver el grave problema de marginalidad que existe en estas comunidades especiales”.

Dispone que para ello se “estimulará el fortalecimiento de la base organizativa y económica de las comunidades especiales para que éstas asuman la dirección de su propio proceso de desarrollo”.

La misma ley creó la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión adscrita a la Oficina del Gobernador. Le asignó a ésta la responsabilidad de “coordinar los esfuerzos gubernamentales, incluyendo los municipales, en torno al desarrollo social y económico de las comunidades especiales y promover la participación del sector privado y de las fundaciones e instituciones de la sociedad civil en esas iniciativas”.

Sería “el brazo ejecutor que asegurará el cumplimiento de la política pública que se establece en esta ley”.
Mucho se habla de la inversión económica para la construcción de infraestructura llamada el Fideicomiso Perpetuo de los Mil Millones. El mal uso de esos fondos (que no eran administrados directamente por la OCE) y las nefastas decisiones han sido lo que ha estado en el ojo público por muchos años. Pero de lo que no se habla o se habla muy poco es de la otra infraestructura que se cultivó con los miles de líderes comunitarios de juntas comunitarias en las aproximadamente 700 comunidades marginadas.

Líderes que comenzaron a apoderarse de sus destinos, a entender su papel en los destinos de la gente de sus comunidades. Estos líderes abordaron e identificaron los problemas que aquejaban a su comunidad y a establecieron las prioridades para su desarrollo. El proceso no fue perfecto, mucho se aprendió en el camino. Pero los resultados los podíamos ver y provocó mucho recelo de parte de los políticos de turno por razones obvias. Bajo la dirección de la Dra. Linda Colón, primera coordinadora general, se construyó una oficina de servicio desde cero hasta lograr un plan a 7 años para fomentar la autogestión, apoderamiento y el desarrollo socioeconómico de las comunidades. Ese plan quedó truncado por el mismo mal que afecta a todas las iniciativas gubernamentales cuando cambia de administración.

Resultados de la participación se podrían destacar la Ley 232 del año 2004 que buscaba salvaguardas para las comunidades marginadas amenazadas por las expropiaciones forzosas de parte de los municipios. La Alianza de Líderes Comunitarios y la Coalición de Líderes Comunitarios con su cabildeo y fiscalización en favor del buen uso de los fondos del fideicomiso perpetuo y el respeto a lo estipulado en la Ley número 1.

En estos días, se logró la designación de María Lourdes Rivera Grajales como nueva Coordinadora General de la Oficina para el Financiamiento y la Autogestión (OCE). Indico se logró, porque fue la presión del mismo liderato que se formó hace 12 años que no estaba dispuesto a renunciar a la iniciativa.

Esta designación representa un nuevo amanecer para la oficina. Rivera Grajales, antes de ser designada, fue directora ejecutiva del Proyecto Península de Cantera, ejemplo de las posibilidades que la autogestión y apoderamiento puede lograr. Pero más significativo aún es que también fungió como directora del Departamento de Desarrollo Comunitario y Autogestión en los primero años de la oficina. Rivera Grajales conoce y fue instrumento esencial en el desarrollo de esas primeras iniciativas que tenía impresa la mística comunitaria de estar construyendo juntos un país posible.

Es de suma importancia que aquello que creemos en impulsar una nueva manera de gobernar desde abajo, apoyemos su designación para que sea confirmada en el senado. Esto con el objetivo de que esta iniciativa se una y sirva de apoyo a otras tantas que promueven la democracia participativa como medio para la construcción de un mejor Puerto Rico.

Por: Ricardo J. Rivera @RJRpr para QiiBO.com

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Written by Redaciion QiiBO

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